Con 75 votos a favor se aprobó en la Asamblea Nacional, la Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de energía eléctrica a la población nicaragüense, enviada a la Asamblea Nacional por iniciativa del Presidente Daniel Ortega, con esta los diputados incluyeron dentro de la norma jurídica que regula el país, una ley con la que el Estado retoma el control del servicio de energía eléctrica.
El fundamento de la Ley considera que DISNORTE Y DISSUR, creadas en 1999, con el objetivo de distribuir y comercializar la energía eléctrica en el país, recibieron ese derecho de explotación por 30 años, servicio que reciben más de 1 millón 156 mil hogares en el pacífico y centro del país, por lo que debe aprobar la ley para garantizar ese servicio que es un derecho fundamental.
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Con esta ley se espera que el servicio de energía eléctrica será totalmente del pueblo de Nicaragua, garantizando cobertura y calidad, declarando de seguridad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones propiedad de la empresa TSK Melfosur Internacional S.A. (TMI S.A.) en las empresas DISNORTE y DISSUR.
En el cuerpo del artículo primero se puede leer: “Por ministerio de la presente ley, la participación accionaria de TMI S.A. en DISNORTE – DISSUR pasa hacer propiedad total del Estado de la República de Nicaragua a fin de garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica a la población nicaragüense, las empresas DISNORTE y DISSUR serán operadas y administradas por la o las instituciones y/o empresas que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas autorice o delegue para tal efecto”.
Periodista: Héctor Calero