Diversos informes de organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre un deterioro de las garantías fundamentales en El Salvador. Además, señalan cambios en la institucionalidad democrática durante los últimos años. Asimismo, los reportes destacan desafíos relacionados con el Estado de derecho. También mencionan preocupaciones sobre la independencia de los poderes públicos y la protección de los derechos ciudadanos.

María Inés Dávila, docente y vocera del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC), señaló que desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia se han registrado cambios que han favorecido una mayor concentración del poder. Además, indicó que reformas legales y modificaciones constitucionales han generado preocupación entre distintos sectores de la sociedad salvadoreña.

Los reportes también destacan el comportamiento del sistema penitenciario, que presenta niveles de ocupación superiores a su capacidad instalada. Datos citados por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana indican que en 2025 la tasa de encarcelamiento alcanzó los 1,963 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, mientras el hacinamiento llegó al 261 por ciento.

Asimismo, el sistema carcelario diseñado para albergar 30,864 personas registró una población superior a los 118 mil reclusos. De ese total, más de 103 mil permanecían en cárceles comunes y otros 14 mil en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las instalaciones penitenciarias de mayor capacidad en la región.

Los analistas consideran que este escenario refleja importantes desafíos para las instituciones del país. Además, sostienen que la combinación de políticas de seguridad, concentración de poder y sobrepoblación penitenciaria continúa generando debate sobre el futuro democrático y el respeto a los derechos humanos en El Salvador.

Fuente: Telesur