Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras determinaron abrir una investigación a los directores de las cuatro cárceles donde ocurrieron tiroteos entre pandilleros el sábado 8 de abril.

En mensaje difundido la víspera a través de las redes sociales, la CSJ informó que nombró dos jueces ejecutores para indagar cuál fue la actuación de esos funcionarios en torno a esos hechos violentos, que concluyeron con saldo de un muerto y siete lesionados.

Según el comunicado emitido por la Corte, “de oficio inició un recurso de exhibición personal de carácter correctivo a fin de salvaguardar la libertad individual de los privados de libertad y para mantener el orden de los centros penitenciarios”.

Respecto a esto último, la Corte determinó que “los directores de los centros penitenciarios, así como el Director del Instituto Nacional Penitenciario, deben presentar a dichos jueces ejecutores los detalles de las situaciones presentadas”.

Rendidos estos informes, la Sala de lo Constitucional “emitirá la sentencia correspondiente donde se indicarán todas las acciones de carácter correctivo que deben ser implementadas por las instituciones y por los funcionarios respectivos”.

Las investigaciones “deberán realizarse en la Penitenciaría Nacional en Támara, la cárcel de Siria en El Porvenir, ambas ubicadas en Francisco Morazán; la cárcel de Ilama en el departamento de Santa Bárbara y la de Moroceli ubicada en El Paraíso”, agregó la nota.

Los enfrentamientos del 8 de abril involucraron a integrantes de la banda MS-13 (Mara Salvatrucha) y la pandilla Barrio 18. Tras los hechos, la presidenta Xiomara Castro anunció un plan de intervención en 25 cárceles hondureñas, al frente del cual responsabilizó a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

Según el comunicado de la Corte Suprema, “a la fecha no se ha presentado ninguna acción por parte de ninguna organización, pariente o persona relacionada con los agraviados”.

Fuente: teleSUR