Dani Alves ingresó el viernes en la cárcel de Can Brians 1 de Barcelona por la presunta violación cometida sobre una mujer el pasado 30 de diciembre en la barcelonesa discoteca Sutton.

El futbolista había volado desde México y su declaración, que se extendió durante 45 minutos y contó con “numerosas contradicciones”, llevó a la jueza del juzgado número 15 de Barcelona a determinar prisión provisional sin fianza para el futbolista brasileño.

En primer lugar, Alves cuenta con capacidad económica suficiente para poder escapar del país. Según el portal especializado Celebrity Net Worth, la fortuna que ha conseguido el futbolista gracias a su salario es superior a los 60 millones de euros, pero además es socio de varias empresas y genera grandes ingresos con los más de 38 millones de seguidores que tiene en Instagram.

Por otro lado, Alves jugó durante más de diez años en España en el Sevilla y en el FC Barcelona, pero no tiene un arraigo en el país que pueda limitar sus movimientos o impedir su fuga. El nexo más importante que tiene aquí es su pareja, Joana Sanz, nacida en las Islas Canarias y que ha dejado en las últimas horas un mensaje desgarrador en las redes sociales.

El riesgo de fuga se eleva además por el hecho de que España no tiene acuerdo de extradición con Brasil, país de procedencia del jugador. Si Alves lograra llegar a Sudamérica sería muy difícil poder traerlo de vuelta en caso de ser condenado.

De hecho, basta echar una mirada sobre la situación de Robinho, condenado a nueve años de cárcel por agresión sexual en Italia. La justicia italiana pidió su extradición a principios del pasado año y emitió una orden internacional, pero el asunto quedó en manos de Brasil y el exjugador de Real Madrid, Milan y Manchester City continúa refugiado en su país.

Por último, las graves penas de cárcel a las que podría enfrentarse Daniel Alves provocan que por su cabeza pueda pasar la idea de abandonar España. El brasileño, si termina con una sentencia desfavorable, podría ser condenado a una pena de entre cuatro y doce años de cárcel.

Fuente: Diario AS