El Gobierno de Perú, encabezado por la presidenta designada Dina Boluarte, prorrogó este martes el estado de emergencia por 30 días calendario, a partir de este 14 de febrero, en las localidades de Lima, Callao y en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa y corredor vial Interoceánica Sur.
De acuerdo a la disposición gubernamental, la Policía Nacional del Perú (PNP), señalada por su papel en la represión estatal que en los últimos dos meses se ha saldado con casi 60 muertos, será la encargada de mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
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En ese sentido, durante la prórroga se restringen y/o suspenden, según sea el caso del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio (excepto en las carreteras de la Red Vial Nacional), la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
La intervención de la PNP y de las Fuerzas Armadas está regida por reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su reglamento, aunque organismos de Derechos Humanos señalan que ambas instituciones se han excedido en el uso de fuerza letal.
En todos los casos, las normas son justificadas por la presidencia debido a lo que llaman «la continuidad de actividades terroristas y la comisión de otros ilícitos«, en referencia a las manifestaciones populares reprimidas por la Policía y el Ejército.
La destitución del entonces presidente Pedro Castillo, la cual desató una ola de protestas por todo el país llevó al Ejecutivo a decretar sucesivamente el estado de emergencia en distintas regiones.
Fuente: TeleSur