Un total de 10 familiares de víctimas del terrorismo vivido en 2018 denunciaron este 3 de agosto ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a Berenice Quezada y pidieron su inhibición como candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos Por la Libertad (CxL) por haber incitado a la violencia y hacer apología del delito.

Quezada al inscribirse como candidata a la vicepresidencia este 2 de agosto ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) declaró que “en Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo y ¿Cómo las pone? Saliendo a votar, como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril”.

Por lo anterior, la denuncia de los familiares ante la PDDH dice que la solicitud, leída por Reynaldo Urbina, es “para que sea inhibida en razón de ella, ha violentado los siguientes artículos de la Ley Electoral y otras leyes en los siguientes términos: 1. Por infringir el deber señalado en el artículo 67 de la Ley Electoral”.

Urbina señaló que la exmiss Nicaragua 2017 “ofreció declaraciones públicas, haciendo apología del delito y a los hechos del terrorismo, acontecidos a partir de abril 2018, lo cual es un llamado implícito a la violencia, al odio y a la repetición de delitos atroces como los que hemos sufridos nosotros y nuestras familias”.

Urbina siguió enumerando, “2. Por estar encasillada en lo prescrito en el artículo 174 de la Ley Electoral y 3. Por contravenir lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amnistía, Ley número 996”.

La madre de la víctima Kevin Antonio Coffin Reyes, el joven medallista de oro de los Juegos Centroamericanos asesinado el 30 de mayo de 2018, dijo que “mi hijo fue víctima del terrorismo, de la violencia, aquí estamos reunidos todos los familiares que fuimos víctimas de violencia del terrorismo del 2018, no podemos permitir que eso vuelva de nuevo, como está diciendo esta joven (Quezada), insistiendo que vuelva la violencia, no podemos, porque ella no vivió en carne propia (…) la pérdida de nuestros familiares”.

Manuela del Carmen Flores, abuela de Carlos Alberto Miranda, también asesinado en el Distrito VI de Managua por el terrorismo del 2018, manifestó que “ella está haciendo un llamado como si ella quisiera que volviéramos al 18 de abril, a vivir aquellos tan terribles, tan tristes, que nos causaron solo dolor, a los que tuvimos nuestros muertos, ella no puede sentir nada de esto, porque no ha perdido a nadie” (dijo sollozando).

Otra familiar que dio declaraciones fue Margarita Díaz Aguirre, madre de otra víctima, asesinada el 30 de mayo de 2018, “le decimos a esta joven que nos deje vivir en paz, queremos trabajar en paz, ya no queremos vivir el tiempo pasado del 2018, con ese dolor tan grande y tan profundo que como madre siento, no quiero que otra madre lo viva porque es duro, yo solo quiero decirle a esta joven que hay un Dios que desde el cielo la está viendo y que nunca va a dejar que ella logre su objetivo, venir a destruir nuestro país”.

Por su lado, Darling Ríos, Procuradora de la República recibió la denuncia y refirió que es “una sentida denuncia, no solamente de las familias, de los familiares de las víctimas, del terrorismo del año 2018, sino también que afecta a todas las familias nicaragüenses, porque atenta contra la paz, la seguridad, contra el bien común y contra ese derecho constitucional que tenemos todos y todas los nicaragüenses a desarrollar un proceso electoral, en paz, como una fiesta cívica a la cual hemos estado llamados”.

Ríos agregó que la PDDH procederá con la solicitud, “estaremos procediendo como corresponde y conforme nuestras competencias como institución nacional de derechos humanos”.

Periodista: Carlos Daniel Jarquín