La creación de la Procuraduría General de Justicia fue aprobada en su totalidad en segunda legislatura.
Con esta iniciativa se reforman los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política de Nicaragua para perseguir, procesar y castigar cualquier forma de corrupción que atente contra los intereses de las familias y el pueblo nicaragüense.
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El Estado nicaragüense, a través de su Procuraduría General de Justicia, no permitirá de ninguna manera disfrazar o encubrir intereses ajenos al pueblo para cometer actos de robo y saqueo de los patrimonios nacionales.
En tal sentido, toda acción que vulnere las leyes o atente contra la patria y las familias será sancionada con las máximas penas establecidas en los códigos.
Periodista: Sinaí Espinoza