Para garantizar una óptima atención a las personas con discapacidad desde las distintas instituciones de gobierno, casi 48 mil servidores públicos del país concluyeron cursos de formación sobre temas de capacidades diferentes e inclusión, que fueron impartidos, ya sea de forma virtual o presencial, por el centro de capacitaciones Comandante Carlos Fonseca Amador del Tecnológico Nacional.
En todo este año, se atendieron casi 48 mil funcionarios a través de cursos, seminarios y talleres para fortalecer las capacidades de los funcionarios y elevar la calidad de atención a las personas con discapacidad auditiva, visual.
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Hoy estamos finalizando con el curso de atención a personas con Trastorno del Espectro Autista, egresando 46 servidores públicos de las instituciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ministerio de Educación (Mined), Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), Ministerio de la Familia, y estructuras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)», informó Javier Zúñiga, Responsable del Departamento de Educación Técnica del Tecnológico Nacional.
Mejorara de atención inclusiva
Los funcionarios aprendieron a identificar las discapacidades, a brindar una atención más personalizada para elevar la comunicación y mejorar la calidad del servicio a las personas con discapacidad.
“El objetivo principal es que los servidores públicos tengan las competencias para atender a las personas con discapacidad cuando se presenten a solicitar algún trámite en las diferentes instituciones, como el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Familia, la Policía Nacional, Ministerio de Educación«, explicó Susana Rugama, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación.
Además, añadió que «estos temas que se han desarrollado son sobre el lenguaje de señas, así como lectura y escritura en el sistema Braille, y herramientas de apoyo para las personas con discapacidad visual. Ahora estamos certificando en el tema de autismo«.
La inclusión es una prioridad para el Gobierno, por ello se fortalece la calidad del servicio que brindan los funcionarios del Estado a los ciudadanos, especialmente a las personas con discapacidad.