Nicaragua fortalece la transparencia en el sector inmobiliario con nuevas normativas que regulan el carretaje de bienes raíces. A través de la Ley 1129, el Instituto Nicaragüense de Vivienda Urbana y Rural (INVUR) asume un rol más activo y ahora supervisa y audita las operaciones vinculadas a la compra y venta de propiedades.
Con estas disposiciones, las corredurías y agentes inmobiliarios deben inscribirse y acreditarse formalmente, lo que permite ordenar el mercado y brindar mayor confianza a quienes realizan transacciones de bienes raíces. Además, la normativa fortalece la seguridad jurídica para compradores y vendedores en todo el país.
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Las medidas también buscan prevenir estafas y prácticas irregulares, ya que en varios casos personas se han hecho pasar por corredores para ofrecer terrenos o viviendas sin ser los verdaderos propietarios. Con la nueva regulación, el corredor inmobiliario asume responsabilidad jurídica y debe informar con claridad sobre deudas, fallas estructurales u otras condiciones de los inmuebles antes de cerrar una negociación.
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Asimismo, los corredores se convierten en sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Por ello, deben verificar el origen de los fondos y reportar cualquier operación sospechosa vinculada a lavado de activos o financiamiento ilícito. Con este marco legal y un Código de Ética, Nicaragua fortalece la confianza en la inversión inmobiliaria y protege el patrimonio de las familias.
Periodista: Héctor Calero