Sismo en Colombia: damnificados siguen sin techo a tres meses de la tragedia

A tres meses exactos del devastador sismo que sacudió los departamentos de Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas el pasado 10 de agosto, la situación humanitaria sigue siendo crítica. Por un lado, el movimiento telúrico cobró la vida de 335 personas y dejó miles de heridos. Además, provocó una estela de destrucción en infraestructuras clave como centros de salud, escuelas y viviendas, lo cual mantiene a los afectados en condiciones precarias. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la tragedia, las respuestas institucionales avanzan con extrema lentitud.

De acuerdo con cifras oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la tragedia afectó a 238.266 viviendas en todo el país. Del total, 201.939 sufrieron daños considerables y 36.327 quedaron destruidas por completo, sumando además 759 edificios que colapsaron en su totalidad. Pese a la magnitud de los daños, las respuestas institucionales avanzan con extrema lentitud, lo que mantiene a más de 400.000 damnificados confinados en albergues provisionales y carpas levantadas en espacios públicos.

Ante este panorama desalentador, las críticas hacia la gestión gubernamental aumentan cada día. El senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde) cuestionó duramente al gobierno de Alejandro de la Espriella. Por consiguiente, exigió total transparencia en el manejo del Fondo Milagro, el patrimonio autónomo creado para centralizar los recursos. En opinión del legislador, la administración está «improvisando con el dolor de los damnificados», dado que las condiciones de vida de las víctimas no han mejorado.

Los cuestionamientos financieros también salpican a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda. Un juez le ordenó recientemente entregar un informe de gestión detallado sobre el destino de los más de 17 millones de dólares recaudados en donaciones del sector privado. La falta de claridad y las críticas aumentaron tras su aparición en eventos públicos de inauguración de vallas en Risaralda, donde más de 70.000 familias resultaron damnificadas.

El senador Alejandro Ocampo anunció que presentará un incidente de desacato. La medida busca obligar a las autoridades a transparentar el paradero de los fondos de la emergencia.

Ante la demora del nivel central, las regiones comenzaron a actuar por cuenta propia. La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, tomó la iniciativa institucional. La mandataria regional arrancó un plan local de recuperación. Dicho proyecto se encuentra financiado con recursos propios del departamento.

Fuente: Telesur