Por medio de un comunicado, el Ministerio Público informa a las familias nicaragüenses que continúan las investigaciones contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense.
Comunicado 047-2021
El Ministerio Público de Nicaragua continúa las investigaciones en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro” y FUNIDES, por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros, así como por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer actos ilícitos. También en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal de la República de Nicaragua.
El día de hoy se presentaron Gladys Patricia Muñoz y Óscar Enrique Navarrete Aguilar, quienes contestaron las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse. Se les previene a las personas que sean citadas para entrevista y que no se presenten, que deberán acreditar su inasistencia a través de medio verificable. En caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante autoridad judicial que ordene la conducción forzosa por estar huyendo de la justicia.
Hoy se presentó escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de Francisco Xavier Aguirre Sacasa, por estar siendo investigado por la Policía Nacional por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal. Presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Públicamente ha incitado en distintos foros a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo bloqueos en contra del país y sus instituciones. Asimismo, ha celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. La audiencia especial se llevó a cabo hoy mismo, la solicitud fue admitida y se dictó detención judicial por 90 días.
El Ministerio Público, como representante de las víctimas y de la sociedad nicaragüense y en cumplimiento con el ordenamiento jurídico, continuará realizando las diligencias necesarias. En todo momento ha velado por la objetividad y calidad de la investigación, ha respetado los derechos constitucionales de las personas entrevistadas e investigadas. Como parte del sistema de justicia penal, continuará contribuyendo a mantener la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica.
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