Este jueves 27 de febrero, Nicaragua tomó la decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por considerarlo un mecanismo politizado que atenta contra la soberanía y el desarrollo de la nación.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y de todos sus mecanismos satélites”, informó la copresidenta Rosario Murillo.
Murillo indicó que “una vez más el Consejo de Derechos Humanos, viola su propia normativa contenida en la resolución 6251 aprobada el 15 de marzo del 2006, durante el sexagésimo período ordinario de sesiones, en el cual se establecieron los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de cuestiones de derechos humanos; así como la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización”.
Agregó que los informes de este organismo no son reconocidos por Nicaragua y son evidencia de la politización de los mecanismos, que instrumentalizan los derechos humanos y son usados como pretextos para la injerencia en los asuntos internos de las naciones.
“Estos mecanismos se constituyen, no solo en verdaderos métodos y plataformas políticas para desprestigiar la labor de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Gobierno de la República de Nicaragua, en la consolidación de la Paz y la Seguridad; sino que también son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense, que pretende impedir el avance en educación, salud, vivienda, infraestructura, seguridad alimentaria, energía, agua, saneamiento, entre otros”, explica la misiva leída por la copresidenta.
En su comunicación de mediodía, dijo que “el autodenominado grupo de expertos, la oficina del alto comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense, causando además destrucción y daños incuantificables a la economía nacional, y son los mismos que hoy celebran y promueven la imposición de medidas coercitivas unilaterales que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado y ha declarado ilegales por ser violatorias del derecho internacional”.
Para Nicaragua, estos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia, “No los reconocemos y no los vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos”, precisó.
Periodista: Nerys Bonilla
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