La propuesta de ley de los agentes extranjeros es fundamental para garantizar la independencia, soberanía y autodeterminación del país, sostienen los diputados de la Asamblea Nacional, quienes explicaron los alcances de esta iniciativa a las ONG que operan en Nicaragua.
Una vez que se apruebe la ley de Agentes Extranjeros, todas aquellas organizaciones acreditadas en nuestro país, que responden y reciben fondos de entidades controladas por países extranjeros, tendrán que registrarse en una oficina especial del Ministerio de Gobernación.
«Hay legislaciones en América Latina y resto del mundo que tienen años e incluso décadas de implementar leyes de este tipo, para defender su soberanía y evitar que otros estados incidan en las políticas internas, por lo tanto el estado de Nicaragua también tiene ese pleno derecho de defenderse», dijo el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión de producción, economía y presupuesto de la Asamblea Nacional.
Los parlamentarios destacaron que esta ley no afectará en ninguna manera a ONG que trabajan por el desarrollo del país, ni a grupos económicos activos.
«Los que están haciendo el alboroto son unas 20 onenegés, que reciben dinero de Estados Unidos y que no los utilizan para ejecutar programas sociales, sino para crear inestabilidad en el país y aclaro, no tiene que ver ni afecta las remesas y empresas productivas comerciales extranjeras con filiales en Nicaragua», explicó el diputado Wilfredo Navarro Moreira, segundo secretario de la junta directiva de la Asamblea Nacional.
«Esto no afectará a los pensionados extranjeros que radican en Nicaragua porque ya tienen sus propias normativas de ley en la materia, tampoco perjudicará a las personas que reciben remesas, ni mucho menos a las empresas productivas, fábricas y cadenas de supermercados», subrayó Wálmaro Gutiérrez.
La iniciativa de ley de agentes extranjeros, es una herramienta jurídica que permite garantizar el pleno ejercicio de soberanía nacional contra en injerencismo, enfatizó el diputado Gutiérrez.
«No es posible que a través de financiamiento de países de manera directa o indirecta otros estados decidan quienes van a ocupar los cargos públicos como concejales o alcaldes, e inclusive no pueden decidir quién va a ser o no el presidente de nuestro país, existe basta legislación en este tema, amparado en las normas y los acuerdos internacionales», sostuvo el parlamentario.
Periodista: Román Rodríguez
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