El ayuntamiento de Nueva York tiene previsto despedir a unos 3 mil empleados municipales que se han negado a vacunarse contra el coronavirus. Los afectados constituyen apenas el 1% de la plantilla y con su actitud, ha subrayado el alcalde, el demócrata Eric Adams, son ellos los que “renuncian” a su puesto de trabajo.
Estos 3 mil trabajadores representan el ejemplo más drástico de sanción por parte de una administración local, pero no el único. A lo largo de la pandemia, con decretos a veces solapados entre el ayuntamiento y el Estado, los empleados de la administración se han visto impelidos a inmunizarse para desempeñar su trabajo y no ser objeto de despido.
El caso más notorio es el de los profesores de las escuelas públicas, que emprendieron contra el anterior alcalde, el también demócrata Bill de Blasio, una batalla legal para garantizar su derecho a no recibir la vacuna. Sindicatos de docentes, bomberos y policías, entre otros cuerpos de la Administración, han peleado especialmente por hacer prevalecer el derecho individual sobre las medidas sanitarias acordadas por la ciudad o el Estado.
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