El exministro del Gobierno de facto boliviano encabezado por Jeanine Áñez, Arturo Murillo, fue condenado este miércoles a 70 meses de prisión en Estados Unidos (EE.UU.), por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., Murillo «fue sentenciado hoy a 70 meses de prisión por conspiración para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el Gobierno boliviano».
El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, también confirmó la información mediante su cuenta en la red social Twitter.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, explicó que el juez Paul C. Huck de la Corte del Condado de Florida, Miami, del Distrito Sur de la Florida, dictó la sentencia contra Murillo, quien cumplirá condena en la prisión federal de ese estado.
«Esta sentencia tiene un carácter inapelable, en consecuencia no hay forma en la que se pueda redimir o echar atrás esta decisión de EE.UU., y en consecuencia nos habilita a que avance el procesos de extradición que se ha iniciado en Bolivia por parte de la Fiscalía del Estado», precisó.
En este sentido, Chávez expresó la conformidad del Estado boliviano con la sentencia y subrayó que no se detendrá el juicio civil que comenzó la Procuraduría General, para recuperar todo el monto que Murillo se llevó.
La causa contra el exministro fue desatada debido a la compra millonaria de gases lacrimógenos con alteración en el precio acontecida en el año 2019, en el contexto del golpe de Estado y la imposición del mandato de Áñez.
El exfuncionario fue detenido en 2021 en EE.UU., luego de huir de Bolivia y permaneció en la prisión Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, en Florida.
En esta causa, además de Murillo, estuvieron inculpados y condenados Philip Lichtenfeld, Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, todos cómplices de los mismos crímenes.
Cabe mentar que el exministro de Gobierno anunció en 2019 una cacería contra muchos de los defensores del entonces Gobierno encabezado por Evo Morales, y mencionó nombres como Juan Ramón Quintana y otros.
Los gases lacrimógenos fueron adquiridos por el entonces ministro para la Policía Nacional a través de la empresa Cóndor, utilizando a la empresa norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) como intermediaria, por una cifra superior a las cinco millones y medio de dólares, con un sobreprecio comprobado de más de dos millones.
Pocos meses después de la elección y la llegada al poder del actual mandatario, Luis Arce Catacora, Murillo decidió darse a la fuga.
El Gobierno de Bolivia empezó un juicio contra Murillo y sus secuaces en los EE.UU. con el fin de recuperar el sobreprecio de la compra de los gases lacrimógenos, así como reparación de daños.
Fuente: teleSUR
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